Ecuador frente a la Accesibilidad Universal
Patricia Ortega
A partir de la
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las
Personas con Discapacidad en marzo de 2008 por parte de Ecuador, se inició un
proceso de concienciación mucho más profundo acerca de la labor realizada hasta
el momento por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales, en favor de
garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Este suceso permitió
encaminar el lineamiento de las nuevas políticas públicas y el accionar del Gobierno
desde las diferentes instituciones oficiales, para dar cumplimiento a lo
establecido dentro de la Convención de acuerdo con cada una de sus competencias.
Uno de estos proyectos
fue Ecuador sin Barreras, que contaba con los programas Manuela Espejo, Misión
Solidaria Joaquín Gallegos Lara, Ecuador Alegre y Solidario y Ecuador Vive la
Inclusión, los cuales buscaban garantizar una mejor calidad de vida a las
personas con discapacidad y sus familias en Ecuador.
A partir del 2008 la
Agenda de Desarrollo Social, impulsó la transición hacia una política social
integral, universal e incluyente, mientras que la Agenda Social 2009-2011 configuró
un piso que avale la protección integral de la población, impulse el desarrollo
territorial equitativo, con énfasis en los grupos de atención prioritaria
establecidos en la Constitución. (Informe de Desarrollo Social 2007 – 2017
MCDS).
En el periodo de 2010
a 2013, la Vicepresidencia de la República impulsó la educación inclusiva con
la entrega de ayudas tiflotecnológicas en unidades educativa para estudiantes
con discapacidad visual.
El CONADIS a través de
la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) y su Reglamento, establecen políticas
públicas enfocadas en garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021
cuenta con 12 ejes de acción vinculados a las instituciones gubernamentales de
acuerdo con cada una de sus competencias.
Durante los años de
2013 a 2016, la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades,
se encontraba a cargo del trabajo en Inclusión Participativa y Productiva, Accesibilidad
Universal, y la Gestión Inclusiva del Riesgo.
De forma adicional,
las normas INEN sobre Accesibilidad al medio físico existentes iniciaron un
proceso de actualización y adaptación a la realidad de nuestro país. Además,
durante el 2015 se empezó con el desarrollo del capítulo NEC-HS-AU de
Accesibilidad Universal entre varias instituciones gubernamentales.
Al ser las normas INEN
de Accesibilidad y el capítulo NEC-HS-AU de aplicación obligatoria a nivel
nacional en espacios de uso público, se dio paso a una etapa más visible de
incorporación de estos principios en los entornos de nuestras ciudades. Sin
embargo, el proceso de aceptación de estos documentos normativos ha requerido un
amplio esfuerzo desde las diferencias instancias gubernamentales a cargo para su
difusión entre las entidades encargadas de los procesos de planificación,
desarrollo, construcción y ejecución de proyectos, así como en las
instituciones académicas que cuentan con carreras técnicas como Arquitectura e
Ingeniería Civil.
Actualmente, en
Ecuador existe un total de 479 910 personas con algún tipo de discapacidad
(CONADIS, 2019), mientras que a nivel mundial más de 1 000 millones de personas presentan alguna discapacidad,
representando un 15% de la población mundial (0MS, 2017).
Esta información, nos
permite advertir que un alto número de personas se verían directamente
beneficiadas con la incorporación de condiciones de Accesibilidad Universal en
los espacios arquitectónicos y urbanos de uso público, así como en los
servicios que ofrecen nuestras ciudades. De igual manera, existirán beneficiarios
indirectos constituidos por familiares, amigos, tutores y cuidadores de las
personas con discapacidad.
Actualmente, en los
nuevos proyectos que están siendo ejecutados en nuestro país, así como en la
rehabilitación de espacios públicos, se ha empezado a incorporar varios de
estos principios, sin embargo, esto no se constituye en una garantía de que los
criterios utilizados en estas obras sean ejecutados de forma correcta, ya que
aún existe un alto desconocimiento por parte de los profesionales a cargo de
los proyectos, sobre cómo deben ser aplicados, así como el beneficio que
implican los mismos para las personas con movilidad reducida.
Queda aún pendiente un
proceso de socialización y conocimiento más profundo por parte de estudiantes y
profesionales de las áreas técnicas de las entidades públicas y privadas, así
como de una correcta fiscalización durante la ejecución de las obras, para que
las normas de Accesibilidad Universal aplicadas se conviertan en un beneficio para
las personas y no en un problema más.
No obstante, es
necesario destacar algunos ejemplos de buenas prácticas que han sido
implementados en Ecuador, los podemos apreciar en la zona de juegos infantiles
inclusivos en el parque Bicentenario de Quito, parques infantiles inclusivos de
Cuenca, playa Murciélago en Manabí, turismo inclusivo en Ambato y poco a poco
son más los territorios que se van sumando a la conformación de espacios accesibles,
proyectados desde una visión de bienestar y con la apreciación de la diversidad
del ser humano como eje de su diseño y planificación, que permiten generar la
vinculación social entre sus habitantes, fortaleciendo aspectos como el
respecto, la igualdad y la inclusión social.
Ecuador construye Accesibilidad 2020